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La Ley de reuniones públicas abiertas (Open Public Meetings Act), promulgada en 1975 para aumentar la transparencia del gobierno, es una ley estatal que exige que todo “organismo público” siga ciertos procedimientos cuando lleve a cabo reuniones para discutir o tomar decisiones sobre asuntos que afectan al público. El propósito de esta ley es exigir que las decisiones que afectan al público, se tomen en público.

Un organismo público es cualquier entidad gubernamental de más de dos personas que tiene el poder de gastar fondos públicos o tomar decisiones que afecten al público mediante el voto. Dos ejemplos de organismos públicos son un consejo municipal y una junta de educación. Las entidades gubernamentales que sólo dan asesoramiento, como los tribunales, los partidos políticos y las oficinas municipales, no están cubiertas por la Ley de reuniones públicas abiertas.

Una reunión es un encuentro (ya sea en persona o “mediante algún equipo de comunicación”) de los miembros de un organismo público, que se celebra para hablar o tomar una decisión sobre un tema específico relacionado con la misión de dicho organismo público. La mayoría de los miembros debe asistir a la reunión; de lo contrario, no estaría cubierta por la Ley de reuniones públicas abiertas.

¿Qué procedimientos debe seguir un “organismo público” antes de llevar a cabo una reunión?

Un organismo público debe dar un “aviso adecuado” antes de celebrar una reunión, es decir, una notificación por escrito que indique el día, la hora y el lugar de la reunión y, si es posible, el orden del día de los asuntos que se tratarán en la misma. El aviso debe entregarse por lo menos 48 horas antes de la reunión y debe colgarse en, por lo menos, un lugar público y también enviarse a dos periódicos locales. Si dicho organismo publica un calendario anual de reu-niones periódicas, no se exige entregar notificaciones para cada una de las reuniones individuales. Antes de celebrar una “reu-nión de emergencia”, un organismo debe seguir procedimientos especiales.

¿Qué procedimientos debe seguir un “organismo público” durante una reunión?

La reunión tendrá que estar abierta al público, a menos que el organismo público en cuestión esté discutiendo ciertos temas, incluyendo la negociación colectiva, demandas en los que dicho organismo está o pueda llegar a estar involucrado, o los asuntos relacionados con el trabajo de un empleado público. El organismo público debe llevar actas de cada reunión y ponerlas a disposición del público. Generalmente, un organismo público NO tiene que permitir que el público participe en una de sus reuniones.

¿Qué procedimientos tiene que seguir el organismo público cuando decida cerrar parte de la reunión al público?

Antes de que un organismo público cierre una reunión, o una parte de la misma (entre en “sesión ejecutiva”), sus miembros deben aprobar una resolución que dé un resumen general de lo que se discutirá e indique cuándo y cómo se hará pública dicha discusión.

¿Qué se puede hacer si el organismo público no sigue los requerimientos de la Ley de reuniones públicas abiertas?

Cualquier persona puede impugnar una acción de un organismo público que no cumpla con los requerimientos de la Ley de reuniones públicas abiertas, mediante la presentación de una demanda en un plazo de 45 días a partir de la fecha de dicha acción. Un tribunal puede dictaminar que la acción no es válida (nula). Pero el organismo público puede hacer que la acción sea válida siguiendo los procedimientos correctos establecidos por la Ley de reuniones públicas abiertas y luego actuar de nuevo. ​​

Esta información se actualizó el: Oct 1, 2024